37 AÑOS DE PRISIÓN POR TENTATIVA DE HOMICIDIO
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha escalado la tensión tras la marcha del 8M de 2026 al anunciar que buscará penas de hasta 37 años de prisión para las manifestantes detenidas. La acusación principal se centra en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, argumentando que las participantes prendieron fuego a los escudos de las mujeres policías que resguardaban el Palacio de Gobierno, lo que habría puesto en riesgo la vida de las agentes. Además de la prisión, la mandataria estatal ha ordenado que las detenidas paguen por los daños materiales causados al patrimonio histórico y realicen labores de limpieza de las pintas efectuadas durante la protesta.
Como medida adicional para evitar futuros incidentes, el gobierno estatal anunció una prohibición oficial al uso de capuchas o cualquier prenda que cubra el rostro de las participantes en próximas manifestaciones. Esta decisión ha sido duramente criticada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y diversas colectivas locales, quienes califican las detenciones como arbitrarias y denuncian un uso desproporcionado de la fuerza pública para criminalizar la protesta social. Algunas organizaciones incluso han señalado la presencia de posibles infiltrados ajenos al movimiento que habrían iniciado los actos de violencia para justificar la represión posterior.
En el ámbito de la opinión pública, el debate está profundamente dividido. Por un lado, ciudadanos y sectores comerciales afectados por los destrozos en fachadas y mobiliario urbano han expresado su respaldo a las sanciones severas, argumentando que la violencia y el vandalismo desvirtúan la causa legítima de la lucha por los derechos de las mujeres. Estos sectores critican que las agresiones no solo afectan edificios públicos, sino que ponen en peligro a otras trabajadoras, como las policías, quienes también son mujeres cumpliendo con su labor.
Por otro lado, sectores solidarios con el movimiento feminista señalan que el enfoque punitivo de Layda Sansores ignora las causas estructurales de la violencia de género en el estado. Cuestionan la celeridad con la que el gobierno busca aplicar condenas máximas a manifestantes mientras persiste la impunidad en casos de feminicidio y agresiones contra mujeres denunciados previamente. La controversia se ha intensificado ante la liberación de algunas de las 14 personas inicialmente detenidas, como el caso de una estudiante de doctorado a quien la fiscalía tuvo que pedir disculpas tras admitir un error en su identificación, lo que ha reforzado las acusaciones de falta de rigor en los procesos judiciales iniciados por el estado.
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